Presentación de información a la Relatoría Especial de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la situación de los DESCA en la región

TEDIC, InternetLab, Derechos Digitales, la Fundación Karisma, Dejusticia, la Asociación por los Derechos Civiles y Privacy International acogen el llamado de la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de enviar información para la elaboración del Informe Anual sobre DESCA del año 2019, que se presentará ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) en 2020. 

El objeto de este documento es describir acontecimientos ocurridos en la región en áreas claves de interés que los coautores de la presentación han observado en relación con la realización progresiva de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), especialmente respecto al uso de datos y tecnología en conexión con el acceso y el goce de estos derechos.

El uso de la tecnología y los datos para la realización de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales plantea, entre otros puntos, interrogantes clave en relación con la protección, el respeto y la promoción del derecho a la privacidad consagrado en el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Puesto que los sistemas que están siendo implementados interfieren con la privacidad de las personas, deben cumplir el principio de legalidad y, además, ser necesarios y proporcionales al objetivo legítimo que pretenden alcanzar. Aparte de la falta de protección de las personas y sus datos cuando interactúan con los sistemas implantados, éstos también tienen repercusiones en la no discriminación y la igualdad.

En su informe anual a la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el estado de bienestar digital y los derechos humanos, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos presentó tres observaciones que, como se destaca en las áreas de interés descritas en esta presentación de información, también deberían ser tenidas en cuenta por la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), incluido que los gobiernos corren el riego de “desembocar, sin ser conscientes de ello, en una distopía de bienestar digital”, que “las grandes empresas tecnológicas [a menudo llamadas ‘big tech’] actúan en una esfera en la que los derechos humanos están prácticamente ausentes”, y que “en lugar de obsesionarse con el fraude, el ahorro, las sanciones y las definiciones de eficiencia determinadas por el mercado, el punto de partida sea cómo transformar los presupuestos de asistencia social mediante la tecnología para mejorar el nivel de vida de las personas vulnerables y desfavorecidas”.

Indiscutiblemente, la tecnología puede ayudar a que los gobiernos cumplan su obligación de realizar los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y a que resuelvan algunos de los desafíos fundamentales que enfrentan al hacerlo con el fin de garantizar que las personas y las comunidades vivan con dignidad, pero es necesario tener en cuenta desde el principio las salvaguardas y garantías del debido proceso a fin de identificar y mitigar los riesgos y permitir el acceso a la reparación.

Este primer llamado de la Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales es un importante primer paso, que brinda la oportunidad de dibujar el panorama actual de la situación de los DESCA en la región. Esperamos que conduzca a la adopción de medidas concretas adicionales que aborden las temáticas planteadas en este documento, y a la adopción de medidas por parte de los gobiernos, la industria y terceros para velar por el respeto, la promoción y la protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en la región.

Una postura firme contra la explotación de datos es esencial para cuestionar la dinámica de poder actual, garantizar la dignidad y la autonomía de las personas y evitar nuevas violaciones de los derechos y las libertades fundamentales.

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