En el punto de mira: Sebastián Gómez

¿Qué tipos o modalidades de vigilancia o acoso, ya sea por medios digitales o análogos, has experimentado? 

Principalmente, nosotros tenemos actividad bastante fuerte en zonas que han sido históricamente atravesadas por el conflicto. Ahí se siente el tema de vigilancia y de control. En estos lugares no es tan usual el uso de métodos análogos o digitales, pero sí se percibe una vigilancia - un mantenimiento de reglas sociales a través de la imposición de la fuerza o la violencia que muchas veces pasa por el seguimiento y vigilancia. En Colombia somos lastimosamente experimentados en el tema de vigilancia por entidades oficiales, por instituciones conformadas por el Eestado específicamente para eso. Durante la década de los 90, esa entidad era el Departamento Administrativo de Seguridad. Hoy por hoy hay diferentes escándalos que estallan. En particular en nuestra organización no es una vigilancia explícita, pero más bien velada: por ejemplo podemos verificar las identidades de los que visualizan nuestros perfiles en redes como Linkedin, y nos damos cuenta que los usuarios principales son empresas de seguridad, miembros del ejército y cosas por el estilo, lo cual evidentemente despierta suspicacias.

¿A qué atribuyes estos incidentes?

Organizaciones de procesos sociales como la nuestra, y sobretodo las que persiguen crímenes de estado, se exponen a una vigilancia por parte de entidades gubernamentales. Eso es lo que sucede por parte de organismos del estado y también privados, quienes muchas veces se encuentran afiliados a los poderes políticos locales. Tal vez una de las consecuencias más negativas es el silencio frente a cosas y acciones cuestionables, que en ciertas instancias constituye un mecanismo de supervivencia para poder seguir el trabajo en estas regiones.

¿Pudiste identificar a las personas o entidades detrás de estos incidentes? ¿Estaban afiliados al sector público, privado, o ambos? Si no pudiste identificar a los autores, ¿cuáles son tus sospechas?

Hemos identificado a algunos actores armados, muchas veces vinculados a poderes locales. A veces no es clara la conexión entre ambos, e incluso se saben los titulares de las acciones de vigilancia, pero la denuncia es un aspecto muy difícil en nuestro país y más aún en las zonas en las que trabajamos. Muchas veces las autoridades locales tienen que ajustarse a las reglas de los actores armados locales.

¿Cómo ha impactado tu trabajo la experiencia de vigilancia y acoso? 

El callar y no poder denunciar las cosas que estás viendo por los vínculos que tú sabes que existen. Es nuestro oficio, investigar y en ocasiones no poderlo decirlo todo por lo que ello implica es bastante trágico. Adicionalmente la seguridad física de miembros de organización se ve amenazada, y compañeros en organizaciones amigas han estado vedados de circular por algunas zonas, o se han visto obligados a tener que salir rápidamente de algunos lugares en circunstancias en las que sabemos que la vida está en riesgo. Es una de las cosas más comunes y lastimosas en nuestro ejercicio.

Nosotros hemos tenido que abandonar territorios por amenazas explícitas y a pesar de que por ahora no ha sido necesario que una persona abandone el país, sí ha tenido que dejar la región donde vivía. Los riesgos son múltiples - está el Estado, con múltiples actores con intereses diferenciados con mucho poder para hacer daño, por lo que hemos tenido que trasladar personal de lugares donde no se podía garantizar su seguridad y su vida.

¿Cuál ha sido el impacto de vigilancia y acoso en tu vida personal? 

En gran parte de mi vida personal, hay un vínculo con mi vida profesional y con mi vida en el activismo. El hecho de no poder visitar una de las comunidades con las que trabajé anteriormente porque implica un riesgo per se, o no poder circular o tener que irme de una determinada región de manera improvista, es desastroso, no solo para la organización y para la labor que uno ejerce sino también por los vínculos y relaciones que uno tiene. Cambiar de número de celular o número de contacto, por el riesgo que implicaba mantener el número circulando en ciertas regiones, puede tener un impacto negativo psicológicamente y emocionalmente, por ejemplo.

Algunas de las actividades que teníamos planeadas en la región del Pacífico - donde los efectos de la represión territorial son muy fuertes - tuvieron que suspenderse debido a amenazas. En este caso, las amenazas llegaron por parte de un actor armado con claros vínculos con el poder local.  Eso interrumpió un esfuerzo muy grande que llevábamos haciendo desde hace años para consolidar la labor de un territorio.

¿Alguna vez buscaste la ayuda de las autoridades? Si no fue así, ¿por qué no? Si te acercaste a las autoridades, ¿cuál fue el resultado?

Al menos en algunos sectores, los vínculos de actores armados suelen ser estrechos con el gobierno local. Hemos tenido acompañamiento de organizaciones nacionales y internacionales. Hemos interpuesto un par de denuncias, pero no proceden y ahí finaliza el conducto. O simplemente la respuesta es que no pueden hacer mayor cosa - y es así que el acompañamiento con organizaciones de un carácter más cercano al nuestro se hace más importante, y hemos tenido solidaridades.

No he recibido apoyo de la Unidad de Protección, ni la he solicitado tampoco. Sin embargo, en el panorama del riesgo generalizado, sí hemos buscado apoyo de la UNP para comunidades con las que trabajamos. La UNP te brinda un celular de comunicación expresa con la UNP, y un chaleco anti-balas, que fue lo que consideramos conseguir en su momento para los liderazgos locales. 

En tu país, ¿cuáles son los obstáculos que enfrentan los defensores de derechos humanos al intentar acceder a la justicia?

Principalmente es la justicia descontextualizada. Los lugares donde suceden principales vulneraciones de DDHH, y dónde los hechos violentos son más preocupantes, son en donde la justicia institucional y el estado no tienen la más mínima presencia. Y es justamente por esa justicia de mano propia de actores irregulares que abundan en nuestro país en conexión con poderes locales, que se incrementa el riesgo y la justicia institucional se distancia. La principal dificultad es el ejercicio real de una justicia contextualizada y a la mano para la ciudadanía. 

Nosotros somos un país con múltiples fenómenos de corrupción, y si uno se pone a ver los vínculos entre los fenómenos de agresión a defensores de DDHH y los lugares en los que suceden,  son territorios que están inmensamente enterrados bajo una red de corrupción muy profunda. La corrupción no sólo apunta a beneficios del estado para garantizar avances de tu grupo económico y sector político, sino también se ha hecho para incentivar la violencia contra quienes defienden el territorio. Aquí hay un hecho muy conectado entre corrupción y violencia, que es uno de los conductores principales de violaciones de DDHH en nuestro país. 

Hay una enorme cantidad de conflictos ambientales, pero sobretodo desde que se firmaron los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC estos conflictos ambientales tomaron más relevancia. Anteriormente el foco de la tensión y conflictividad no estaba enfocado en conflictos ambientales. Pero recientemente no sólo se ha incrementado el potencial de movilización alrededor de la defensa del territorio y de la diversidad en general, sino también alrededor de los acosos contra defensores y defensoras de DDHH y de la naturaleza también. Los defensores de DDHH son el punto de mira de todos los sectores políticos de nuestro país porque constituyen el obstáculo principal para consolidar sus proyectos territoriales.  A pesar que hemos vivido una tradición de guerra, la violencia contra quien defiende un argumento político persiste, por el cual muchísimas personas son perseguidas y asesinadas en nuestro país, ya sea a manos de actores públicos o privados.