Carta de la sociedad civil global al Banco Mundial

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Nosotros, las organizaciones de la sociedad civil y los individuos abajo firmantes, instamos al Banco Mundial y a otras organizaciones internacionales a que tomen medidas inmediatas para cesar las actividades que promueven modelos perjudiciales de sistemas de identificación digital (ID digital).

Los firmantes de esta carta se encuentran en diferentes países, trabajan con diversas comunidades y aportan una amplia gama de conocimientos. Entre este grupo, hay muchas preocupaciones compartidas y experiencias similares que documentan los impactos perjudiciales asociados a la identificación digital. Muchos de los sistemas nuevos o actualizados se desvinculan arbitrariamente del estatus legal, utilizan datos biométricos digitalizados y se basan en un modelo de “fuente única de verdad” junto con múltiples servicios públicos y privados. Se ha evidenciado y documentado que estos sistemas de identificación digital plantean problemas de derechos humanos. Éstos afectarán a todas las personas y comunidades, y deberían ser un asunto de amplia preocupación pública.

Las crecientes pruebas recogidas por organizaciones de la sociedad civil e investigadores y expertos independientes establecen que los sistemas de identificación digital suelen tener un impacto perjudicial en los derechos humanos. Investigadores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York destacaron estas conclusiones en un reciente informe sobre cómo el Banco Mundial y su Iniciativa de Identificación para el Desarrollo (ID4D) apoyan y financian un programa de desarrollo en torno a la identificación digital. Aunque la ID4D ha mostrado su disposición a colaborar con la sociedad civil, este diálogo no ha conducido a cambios significativos en la política o la práctica. En este sentido, las pruebas convincentes de países como la India y la República Dominicana no han provocado ajustes en el enfoque del Banco para apoyar a los gobiernos nacionales que están construyendo o actualizando los sistemas de identificación digital. El Banco Mundial sigue financiando el despliegue de estos programas, como en Filipinas, con nuevos sistemas en el horizonte, como en México.

Tanto las organizaciones internacionales como los agentes de la industria, junto con los gobiernos nacionales que los despliegan, promueven la rápida proliferación de estos sistemas, al tiempo que ignoran sistemáticamente la crónica falta de inversión en estudios de referencia basados en el contexto, en análisis de costos y beneficios que cubran los costos de los posibles daños a los derechos humanos, o en procesos exhaustivos de diligencia debida en materia de derechos humanos que incluyan la evaluación del impacto. La sociedad civil y los expertos independientes tienen pocas oportunidades de plantear las críticas necesarias, diseñar las salvaguardias adecuadas y proponer medios alternativos para resolver los problemas. Esto ocurre en un momento en que muchos gobiernos están cerrando el espacio cívico y silenciando intencionadamente las voces críticas, tanto en línea como fuera de ella, y utilizando cada vez más la vigilancia digital como parte de un conjunto de herramientas represivas. Por lo tanto, es muy preocupante que actores poderosos como el Banco Mundial, otras organizaciones internacionales y empresas tecnológicas del sector privado apoyen la adopción de sistemas que permiten la vigilancia, la exclusión y la discriminación de las comunidades vulnerables y marginadas.

Para romper este ciclo perjudicial, pedimos al Banco Mundial y a sus donantes que adopten las siguientes medidas:

1. Invitar y financiar una evaluación independiente, basada en los derechos, del papel del Banco Mundial en el apoyo a los sistemas de identificación digital a nivel global: Esta evaluación debería examinar no sólo los productos, sino también los resultados en materia de derechos humanos. Esta evaluación podría realizarse a través de un mecanismo existente, como el Grupo de Evaluación Independiente (IEG), a través de una evaluación del programa financiada por un donante externo, o a través de un proceso independiente. Animamos a la revisión a que considere el papel actual y potencial del Grupo de Inspección y de los mecanismos de supervisión y reparación judiciales y de otro tipo disponibles para las comunidades afectadas negativamente. Debe tratarse de una revisión basada en los derechos, independiente, dotada de recursos y facultada para formular recomendaciones concretas. Debe ser inclusivo y participativo, escuchando tanto a las OSC como a las poblaciones afectadas. Los resultados de esta evaluación deben estar abiertos a la consulta pública, y los resultados y el informe finales deben hacerse públicos y entregarse a la dirección del Banco Mundial antes de las reuniones de otoño de 2023, y debe haber un marco concreto de rendición de cuentas que garantice que el Banco Mundial está escuchando estas recomendaciones y tomando medidas para aplicarlas. Deben tomarse todas las medidas necesarias para evitar identificar o exponer aún más a las personas afectadas a daños o represalias y para mantener su anonimato.
2. Evaluar las pruebas existentes y cesar las actividades que incrementen el riesgo de violaciones de los derechos humanos: Es esencial que el asesoramiento, los diagnósticos, las inversiones y el apoyo técnico que ofrece el Banco Mundial tengan una base empírica firme, sobre todo cuando se trata del impacto de estos sistemas en los derechos humanos. Para apoyar esto, debería haber una moratoria temporal para que el Banco Mundial exija o invierta en la implantación de sistemas de identificación nuevos o revisados, hasta que se realice y publique la revisión de las pruebas existentes. Tras dicha revisión, los diagnósticos, los marcos ambientales y sociales y los marcos de contratación utilizados para determinar futuros compromisos deberían centrarse en las obligaciones en materia de derechos humanos, ya que los modelos actuales son a menudo compilados por personas con información privilegiada y no abordan adecuadamente toda la gama de preocupaciones en materia de derechos humanos. Para que estos marcos sean adecuados para su propósito, es necesario asesorar críticamente los aspectos clave de los sistemas de identificación, por ejemplo, los sistemas basados en la biometría y en la fuente única de verdad, especialmente cuando las protecciones de la privacidad son débiles o existe un mayor riesgo de exclusión.
3. Imponer una mayor transparencia sobre las actividades del Banco Mundial en materia de identificación digital: esto incluye el asesoramiento, el apoyo y la financiación que se da a los gobiernos clientes. No está claro cómo se utilizan los marcos normativos existentes, como los Principios de Identificación para el Desarrollo Sostenible, qué mecanismos de aplicación existen para garantizar su cumplimiento y en qué circunstancias se trazan líneas rojas debido a los riesgos relacionados con los derechos humanos o a las pruebas de violaciones reales. Unas normas de compromiso más claras no sólo permitirán a la sociedad civil acceder a la información sobre los procesos de toma de decisiones, sino que ayudarán a garantizar que el Banco no apoye o legitime sistemas potencialmente perjudiciales. Por lo tanto, es esencial, en primer lugar, que haya transparencia en la forma en que el Banco Mundial toma las decisiones relativas a las recomendaciones y la financiación y, en segundo lugar, que se garantice la responsabilidad del cumplimiento de los derechos humanos en ese proceso de toma de decisiones.
4. Crear oportunidades para un compromiso sostenido y de alto nivel con la sociedad civil y otros expertos: Dado el apoyo intersectorial prestado a los proyectos de ID digital en todas las operaciones del Banco, estos compromisos deben incluir a los altos directivos del Banco Mundial, a los miembros del Consejo Asesor de Alto Nivel para la Iniciativa ID4D, así como a los donantes influyentes y a una sección transversal y diversa de los actores de la sociedad civil. Las oportunidades de diálogo deben contar con la representación de las comunidades afectadas por la ID digital, incluidas las que tradicionalmente han sido excluidas de estos espacios, y asignar tiempo y recursos suficientes para entablar un debate significativo.
5. Aumentar la financiación y los recursos para los estudios de referencia y los análisis contextuales, los estudios de coste-beneficio y las valoraciones y evaluaciones independientes basadas en los derechos: Con demasiada frecuencia, los efectos perjudiciales de los sistemas de identificación digital son el resultado de inversiones en sistemas que ignoran o explotan intencionadamente las dinámicas políticas, sociales y económicas. Deben asignarse fondos y recursos a las evaluaciones basadas en los derechos humanos, antes, durante y después del despliegue de sistemas nuevos o actualizados. Estas evaluaciones deben ser llevadas a cabo por expertos independientes, y no deben ser dirigidas o diseñadas por ID4D u otros equipos del Banco Mundial, dado su conflictivo papel como asesor y financiador de los gobiernos nacionales.

Estas recomendaciones se dirigen principalmente al Banco Mundial debido al importante e influyente papel que ha desempeñado en la promoción de los sistemas de identificación digital. Sin embargo, la mayoría de estas recomendaciones se aplican igualmente a los organismos de la ONU; a fundaciones privadas como la Fundación Bill y Melinda Gates y la Red Omidyar; a donantes como el Reino Unido, Australia y Francia; y al sector privado. Todos estos actores han desempeñado un papel fundamental en la promoción de los sistemas de identificación digital y pueden contribuir significativamente al cambio.

Sin embargo, para que cualquiera de estos procesos funcione, deben tener consecuencias reales. Aunque las salvaguardias son necesarias, puede haber entornos en los que los riesgos para los derechos humanos son demasiado elevados, o en los que la elaboración de políticas basadas en pruebas, la participación de la sociedad civil, el estado de derecho y las evaluaciones basadas en los derechos simplemente no son posibles. En estos casos, el Banco y otros financiadores deberían prestar atención a las pruebas y negarse a apoyar sistemas de identificación digital nuevos o actualizados. Durante demasiado tiempo se ha hecho hincapié en las promesas de desarrollo de los sistemas de identificación digital, pero ya es hora de tener en cuenta su enorme potencial de abuso y explotación.

Firmantes

Privacy International

Digital Welfare State and Human Rights Project, Center for Human Rights and Global Justice (NYU Law)

Access Now

Dr Eve Hayes de Kalaf, Becaria de investigación, Instituto de Estudios de la Commonwealth, Escuela de Estudios Avanzados, University de Londres.

Unwanted Witness

Anna Aloys Henga - Legal and Human Rights Centre

Jean Drèze, Profesor visitante, Facultad de Economía, Ranchi University

Paradigm Initiative

Initiative for Social and Economic Rights (ISER)

Reetika Khera, Profesor (Economía), Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Indian Institute of Technology Delhi

Philip Alston, Profesor de derecho John Norton Pomeroy, Facultad de derecho de la Universidad de Nueva York

Haki na Sheria Initiative

Ria Singh Sawhney, Abogada e investigadora

Suman Gupta, Profesor de Literatura e Historia Cultural, Open University UK

Global Data Justice Project, Instituto de Derecho, Tecnología y Sociedad de Tilburg (TILT), Universidad de Tilburg

Universidad del Temple Instituto de Derecho, Innovación y Tecnología (iLIT)

Jake Okechukwu Effoduh, Abogado Principal, Africa-Canada AI & Data Innovation Consortium (ACADIC), Universidad de York

Black Sash

Richard Banégas, Profesor de Ciencia Política en Sciences Po Paris, Co-Director de Social Life of Identity Documents in Africa

Spaces for Change

Keren Weitzberg, Profesora Titular, Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, Universidad de Queen Mary Londres

Marielle Debos, Profesora Asistente en Ciencia Política, Universidad de Paris Nanterre

Sunita Sheel, Heal, Ethics and Law Institute of FMES

Vidhayak Trust, Pune, Maharashtra

Jaap van der Straaten, CEO de Civil Registration Centre for Development—CRC4D

Health Equity and Policy Initiative (HEAPI)

Internet Freedom Foundation

Asociación de Tecnología, Educación, Desarrollo, Investigación y Comunicación (TEDIC)

Digital Rights Foundation

Digital Empowerment Foundation

Surveillance, Tech & Immigration Policing Project at the Immigrant Defense Project

Privacy Mode

Yesha Tshering Paul, The Centre for Internet and Society

Nanjala Nyabola, escritora independiente e investigadora

Foundation for Media Alternatives

Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D)

Derechos Digitales

SMEX

Amanda Hammar, Profesor de Estudios Africanos, Universidad de Copenhagen

Shruti Trikanad, The Centre for Internet & Society

Dr Margie Cheesman, King’s College London

Silvia Masiero, Profesor Asistente, Universidad de Oslo

Francesca Feruglio, Red Internacional para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Article 21 Trust

Nachiket Udupa

Asociación por los Derechos Civiles (ADC)

Rethink Aadhaar

Sonal Raghuvanshi, Investigadora, Centre for Financial Accountability

Swati Narayan, Activista, Right to Food Campaign, India

Nikhil Pahwa

Rajendran Narayanan, Profesor Asistente, Universidad Azim Premji

Centre for Financial Accountability India

Tarek Alghorani - Periodista y defensor de derechos humanos

Kehinde Adegboyega, Red de Periodistas de Derechos Humanos Nigeria

Srinivas Kodali

Santosh Sigdel, Presidente, Digital Rights Nepal

Digital Rights Nepal

Srikanth Lakshmanan, CashlessConsumer

Usuarios Digitales

UBUNTEAM

Arzak Khan Innovation For Change (I4C)

Tech for Good Asia

common.al, Laboratorio de resiliencia digital

Harry Sufehmi, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO)

Joshua Wise

JCA-NET (Japón)

Body & Data, Nepal

Yasah Musa, Nubian Rights Forum

Asociación de Taiwán para los Derechos Humanos (TAHR)

Statewatch

Resurj

Data4Revolution

Phil Booth, Coordinador, medConfidential (National Coordinator, NO2ID, 2004-2011)