Descifrando las integraciones tecnológicas verticales: ¿Por qué son importantes?

INTRODUCCIÓN

Desde hace algunos años, los modelos de negocio de las grandes plataformas tecnológicas han evolucionado a gran velocidad. A pesar de su posición dominante en varios mercados, los gigantes tecnológicos como Google y Meta están incursionando en nuevos territorios con el fin de ampliar su base de usuarios. Una de sus apuestas más llamativas ha sido su incursión en el “mercado de la conectividad” a través de cuantiosas, y en ocasiones fallidas, inversiones en infraestructura de red.

Muchas empresas de tecnología están invirtiendo en infraestructura de red, ya sea directamente o a través de contratos a largo plazo. Sus inversiones abarcan infraestructura de red periférica (edge network), inversión en fibra, contratos con operadores de telecomunicaciones y, lo que quizá sea más alarmante, el despliegue de y la inversión en cables submarinos y centros de datos.

En algunos casos, estos acuerdos parecen una estrategia de integración vertical, en la que una empresa busca controlar varios eslabones de la cadena de suministro a través de alianzas con empresas tradicionales de telecomunicaciones o infraestructura. Sin embargo, este tipo de alianzas no son la única estrategia a la que recurren. Estas empresas están convirtiendo estas iniciativas en una parte fundamental de su negocio. Su objetivo es el control y su crecimiento en los mercados de conectividad e infraestructura. Es probable que la meta final sea convertirse en proveedores de servicios e infraestructura de internet.

¿Cuáles son sus motivos?

Pero, ¿por qué estas empresas están adoptando esta ruta? Hay varios motivos. Una de las
razones que han manifestado públicamente es el deseo de conectar a los desconectados y
facilitar la transformación digital. Por ejemplo, el Ministro de Comunicaciones de Australia, a propósito de un proyecto de Google en la región, señaló que “diversificar la conectividad en Australia y apoyar la inclusión digital a nivel mundial son objetivos increíblemente importantes, y el cable Umoja de Google contribuirá a ello”. Del mismo modo, los socios del proyecto 2Africa, que incluye a Meta y Vodafone, expresaron que ellos “consideran que el acceso a la banda ancha es esencial para el crecimiento y el desarrollo sostenibles, porque las comunidades y las economías florecen cuando hay un amplio acceso a internet”.

Conectar a los desconectados es una misión muy loable. Sin embargo, por noble que parezca, puede que estas empresas logren algo más con sus esfuerzos: llegar a más clientes y ampliar el alcance de su mercado de contenidos. En África, por ejemplo, solamente alrededor del 36% de la población está en línea. Ofrecer conectividad a los que aún no están conectados abre la posibilidad de ampliar su base de usuarios y extender su control a más del 60 % de la población, que pasaría a ser una posible clientela para sus productos.

Además de ampliar su clientela, estas empresas están potencialmente ganando otro tipo de poder que podría constituir un obstáculo para futuros intentos de regularlas. A medida que gestionan una mayor parte de la infraestructura subyacente de la que depende una sociedad, se tornan demasiado grandes para permitir que fracasen o dividirlas a través de esfuerzos regulatorios, a raíz de la gran importancia que adquieren. En este sentido, podrían llegar a ejercer una inmensa cantidad de influencia política, y si amenazan con retirarse –especialmente las que gestionan infraestructura crítica– podrían llegar a causar un daño enorme.

¿Debemos preocuparnos?

Cabe preguntarse: ¿esto en realidad es malo? ¿Por qué es importante? Desde la perspectiva de la competencia o de los consumidores, esta situación debería preocuparnos o, por lo menos, hacer sonar algunas alarmas, por varias razones:

1. Control de la infraestructura

Controlar la infraestructura en los mercados de comunicaciones conlleva una ventaja importante. Quien controla la infraestructura ejerce gran poder de decisión sobre la manera en la que presta sus servicios a usuarios finales. En función de su posición en la cadena de suministro, estas empresas tienen la potestad de gestionar la red y la distribución de contenidos de diferentes maneras, controlando la velocidad, la congestión e incluso supervisando los datos y la información a la que acceden los usuarios finales. A la postre, dicho control determina la calidad del servicio final y confiere la posibilidad de lograr ventajas competitivas para sus productos. Esto plantea preguntas que desde hace tiempo son parte del debate sobre la neutralidad de la red, que indica que este tipo de control podría crear barreras a los nuevos competidores en el mercado de contenidos.

Como ha señalado Google, su inversión proporciona una gran flexibilidad a la hora de tomar estas decisiones: “Equiano será el primer cable submarino que incorpore conmutación óptica a nivel de par de fibra, en lugar del enfoque tradicional de conmutación a nivel de longitud de onda. Esto simplifica considerablemente la asignación de la capacidad del cable, dándonos la flexibilidad de ampliarla y reasignarla en distintas ubicaciones según las necesidades. Y como Equiano es financiado en su totalidad por Google, podemos acelerar los plazos de construcción y optimizar el número de partes negociadoras”.

2. Falta de regulación

El control de la infraestructura adquiere mayor relevancia porque a menudo no existe una
regulación adecuada para estas empresas, que con frecuencia operan en lagunas jurídicas o en zonas grises normativas, a veces incluso haciendo caso omiso de la normativa vigente, como lo evidencia Starlink, de Elon Musk, que sigue prestando sus servicios en regiones no autorizadas a pesar de las advertencias sobre las licencias. También surgen interrogantes en relación con iniciativas que se anuncian como proyectos al servicio del interés público, como “Internet para todos” en Perú.

Al operar en la categoría de Operador Móvil de Infraestructura Rural, esta iniciativa se beneficia de un marco regulador especial debido a su finalidad social y su colaboración con instituciones gubernamentales y financieras.

Este tipo de enfoque en la regulación podría hacer que solo se examine un segmento de la
cadena de suministro, a saber, el segmento con fines sociales, sin tener en cuenta la totalidad del ecosistema en el que estas empresas operan y obtienen sus ganancias. Este enfoque tan estrecho puede llevar a vacíos en el control y la vigilancia, así como a no comprender las
implicaciones más amplias de estos proyectos

En definitiva, incluso cuando reciban el mismo trato, estas empresas pueden aprovechar las
lagunas normativas para obtener provecho. Por ejemplo, en los países donde no existen
normas sobre neutralidad de la red, las empresas pueden dar prioridad a sus propios servicios, llegando a causar más daño que las muy conocidas y escudriñadas prácticas tradicionales de zero-rating o tarifa cero.

Otro aspecto crítico es que es probable que las empresas que controlan múltiples eslabones de la cadena de suministro sean cada vez más difíciles de regular en el futuro. La creciente
dependencia de los gobiernos, las sociedades y otras empresas frente a estas infraestructuras hace que los esfuerzos para regularlas puedan acarrear consecuencias inesperadas que son difíciles de manejar.

3. Mercados altamente concentrados

Es común que estas empresas accedan a mercados altamente concentrados. Por ejemplo, el mercado de cables de electricidad submarinos está parcialmente consolidado debido al reducido número de empresas que operan en el sector a pesar de que el mismo ha crecido debido a la inversión de los servicios de transmisión libres u over-the-top (OTT). Por otra parte, cerca del 97 % del tráfico mundial de internet depende por completo de los cables submarinos, lo que hace que sean vitales para la comunicación global, incluidas las transacciones financieras y militares, e indispensables para la seguridad mundial. ¿Queremos entregar este poder a entidades privadas que poseen intereses en ambas partes del mercado?

Además, cuando los gigantes tecnológicos son dueños de la conectividad de última milla y
prestan servicios de internet directamente a las comunidades no conectadas, a menudo
establecen un monopolio. Algunos lo consideran un monopolio “beneficioso” porque se
establece en lugares con menor densidad de población (que representan menos consumidores) e ingresos más bajos (que se traducen en menor rentabilidad por usuario), lo que hace que sean poco atractivos para los operadores tradicionales del mercado. Según la GSMA, una ubicación debe tener por lo menos 3.000 suscriptores activos al mes para que sea económicamente viable para un gran operador. Entonces, ¿por qué estas empresas quieren prestar servicios en lo que parece ser un mercado mucho menos rentable? Porque, como se explicó anteriormente, esto les permitiría captar más usuarios y aprovechar el mercado de la conectividad y la infraestructura para lograr ventajas para su mercado de contenidos.

En principio, puede parecer algo positivo, ya que aporta beneficios a la comunidad al garantizar el acceso a la conectividad y las ventajas del mundo digital. Sin embargo, también plantea algunos riesgos. Como afirma Luã Cruz, becario de la Green Web Foundation, este grado de dependencia hace que las comunidades queden a merced de los caprichos de una sola empresa que podría llegar a ejercer un inmenso poder sobre su acceso a la comunicación y la información. Por lo general, estos caprichos obedecen a la necesidad de rentabilizar sus otros mercados, lo que significa que tendrán incentivos para influir en el servicio que prestan (a nivel de contenidos) y que contarán con las herramientas adecuadas para hacerlo. Recordemos que Google y Meta son empresas publicitarias que generan la mayor parte de sus ingresos a través de la publicidad personalizada que despliegan tanto en sus plataformas como en las de terceros. Como sabemos, ofrecer acceso a pequeñas comunidades no forma parte de su modelo de negocio.

Las prácticas que influyen sobre los contenidos pueden tener importantes consecuencias para la democracia y los derechos humanos porque pueden llegar a moldear la opinión pública y restringir el acceso a la información. A ello se suma que tener acceso a una sola fuente de información aumenta la exposición a la desinformación y reduce la capacidad de evaluar
críticamente y contrastar la información, algo esencial para una sociedad bien informada.

Es importante señalar que existen otras iniciativas para hacer frente a la brecha digital en las comunidades “no rentables” sin que se presenten estos problemas. Estas iniciativas podrían ser una opción viable para conectar comunidades remotas sin replicar las mismas estructuras de poder. Podrían priorizar los deseos y la autonomía de las comunidades, permitiéndoles decidir si desean tener esta conectividad y, aun más importante, cómo quieren formar parte de la misma.

Un ejemplo destacado de cómo operan estas empresas es la iniciativa Internet.org que emprendió Meta (antes Facebook) en 2013. Esta iniciativa, que arrancó en colaboración con seis asociados, aparentemente buscaba proveer acceso a internet a poblaciones no conectadas. Sin embargo, en realidad, solo ofrecía acceso a una selección limitada de servicios. La selectividad del acceso generó críticas por violar los principios de neutralidad de la red y discriminar contra las empresas que no eran parte del proyecto. Aunque a la postre fracasó la iniciativa, puso de manifiesto una estrategia que subyace a estos proyectos de conectividad: sacar provecho de las ventajas de ser el primero en llegar para generar efectos de red y afianzar su posición en el mercado.

Otro ejemplo de las complejas dinámicas de gestionar múltiples partes de la cadena de suministro en estos mercados son los recientes acontecimientos relacionados con Starlink en Brasil. Hace poco, el Tribunal Supremo de Brasil ordenó el bloqueo de X porque la plataforma incumplió el plazo para nombrar a un representante legal en el país. Para hacer cumplir esta orden, el regulador brasileño de telecomunicaciones, Anatel, ordenó a los proveedores de servicios de internet que suspendieran el acceso de los usuarios a X. Inicialmente, Starlink informó a Anatel que no cumpliría la orden del Tribunal Supremo. Sin embargo, tras la congelación de sus activos, Starlink cambió de postura y aceptó ejecutar la orden del tribunal de bloquear a X.

Esta situación pone de relieve las diferencias entre la manera en que Starlink ofrece acceso a
internet y cómo lo hacen los proveedores de servicios tradicionales. Ilustra los retos de
comprender cómo se alinean estos intereses y cómo reflejan un grupo económico unificado a
pesar de que ofrecen servicios diferentes.

4. Capacidad de vigilancia y concentración de datos

Los cables submarinos cumplen un papel fundamental en el transporte de grandes cantidades de datos sensibles, lo que subraya la necesidad de realizar múltiples esfuerzos para regularlos
y protegerlos frente a diferentes vulnerabilidades. La responsabilidad de proteger esta información, gestionar su circulación y garantizar que se almacene de forma segura recae principalmente sobre las empresas involucradas.

Sin embargo, surge un problema importante cuando las mismas empresas también son los proveedores de servicios. Los proveedores de servicios de internet (ISP por sus siglas en inglés) tienen la capacidad de examinar el tráfico utilizando tecnologías como la inspección profunda de paquetes o deep packet inspection (DPI), que les permite analizar y utilizar estos datos en otras secciones de la cadena de suministro.

Aunque cualquier ISP puede utilizar DPI, la información que se recopile puede ser muy valiosa a la hora de expandir la influencia de una empresa en distintos mercados. La ausencia de normas específicas puede hacer que las grandes plataformas tecnológicas sientan la tentación de aprovechar estos datos para su propio beneficio, especialmente en los mercados de contenidos donde los patrones de consumo tienen un valor considerable. Aunque tecnologías como DPI no representan una fórmula mágica, pueden revelar patrones de consumo que ofrecen información estratégica muy valiosa.

Otro ejemplo son los servicios de sistema de nombres de dominio (DNS). Por defecto, los
ISP suelen proporcionar el servicio DNS, un componente básico del internet que traduce
nombres de dominio como Google.com a su valor numérico del protocolo de internet (IP),
por ejemplo 1.1.1.1. Al prestar este servicio, en esencia, los ISP se enteran de todos los sitios web que visitan sus clientes, puesto que reciben una solicitud DNS antes de que el cliente navegue a un sitio web específico. Como ya tienen la capacidad de identificar de manera inequívoca a sus clientes (a través de direcciones IP u otros medios), en efecto disponen de todo el historial de navegación de cada uno de sus clientes.

De ahí surgen preguntas importantes: ¿Conceder tanto poder a estas empresas podría
conducir a usos indebidos? ¿Este tipo de arreglos podría generar incentivos perversos que
lleven a aprovechar las facultades de inspección con el fin único de obtener ganancias?

Conclusión

Si bien las inversiones de los gigantes tecnológicos en infraestructura de red tienen el
potencial de impulsar la conectividad y la inclusión digital, también plantean riesgos
significativos que es necesario abordar.

PI busca entender las consecuencias reales de estas inversiones a partir del análisis de cómo
afectan a la competencia y al panorama normativo. Tratamos de explorar soluciones prácticas
utilizando herramientas de competencia y regulación para garantizar que los beneficios de la
conectividad no se produzcan a expensas de la equidad del mercado y los derechos de los
consumidores.

También hemos elaborado una encuesta por si desea compartir con nosotros información sobre estudios de casos concretos.